La transición energética debe preservar la actividad agraria
La Hoja de Ruta Española de la Energía plantea que el 75% de la energía producida sea renovable para el 2030 y el 100% en el 2050. El ambicioso objetivo, impulsado por el restablecimiento de las primas a la producción verde, ha dado origen a una auténtica carrera por la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos que, sin la adecuada planificación, amenaza con provocar graves daños en las que son las principales actividades del mundo rural: la agricultura y la ganadería.
El nuevo boom de las renovables empieza a generar alarma en el campo. En algunos casos, por las repercusiones directas que puede tener la perdida de tierra para cultivos o pastoreo y en otros por el daño que puede hacer a actividades como el enoturismo, que ofrece un prometedor futuro como vía complementaria para incrementar la renta agraria y llevar actividad y riqueza a los pueblos. Bodegas y agricultores han decidido plantar cara a la invasión de las renovables.
Bajo el reclamo de grandes ingresos, algunos ayuntamientos españoles no se lo han pensado dos veces a la hora de intentar expulsar sin contemplaciones a los agricultores y a los ganaderos que tradicionalmente aprovechaban terrenos públicos o vecinales para dar paso a mega instalaciones fotovoltaicas. Y lo han hecho de forma atropellada y al ritmo en muchos casos de especuladores que se aprovechan de las fallas de un sistema en el que la consecución de objetivos prevalece sobre la obligada racionalidad en el nuevo aprovechamiento de los recursos energéticos. El atropello legal, como ha ocurrido en la localidad abulense de Navas del Marqués o en la palentina Paredes de Nava, no ha dejado otra opción a los agricultores que recurrir a los tribunales para que se respeten sus derechos.
Más incomprensible aún es lo que pasa en autonomías como La Rioja. El Gobierno regional, responsable de la autorización de los parques, parece no tener reparos en autorizar una barra libre de megaparques y arruinar su propia estrategia de situar a la región como epicentro nacional del enoturismo. La administración regional tramita al menos seis nuevos parques eólicos -que se sumarían a los 14 ya en marcha- y 19 fotovoltaicos, con especial afectación a los valles de Ocón y del Jubera, donde ya hay una plataforma de bodegas y cooperativas de viticultores que reclaman la protección del paisaje. La consecución de un nuevo modelo energético para descarbonizar el país no puede ser a expensas del agravamiento del problema de la despoblación. El mundo rural necesita de la agricultura, la ganadería y el enoturismo para hacer frente al futuro con certezas y las administraciones deben ser muy conscientes de ello.