Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo, sociólogo e investigador del CSIC: “Impulsar el relevo generacional en el campo debe ser una cuestión de Estado”

La UE ha presentado las Estrategias ‘Del campo a la Mesa’ y ‘Biodiversidad 2030’. ¿Cree que sus objetivos son alcanzables sin poner en peligro el modelo productivo europeo?

Son dos estrategias que van a impregnar la política agraria, rural, medioambiental y alimentaria en Europa. Pero para que se puedan implantar necesitan periodos de transición. Cuando la Comisión Europea lanza este documento lo hace a modo de globo sonda para que los agricultores, los dirigentes agrarios y los responsables políticos se vayan familiarizando con la reducción del consumo de fertilizantes y pesticidas o ampliar la superficie de producción ecológica, algo que en principio está bien, pero para lo que tiene que haber alternativas. Tú no puedes plantear reducciones de un 40% si no tienes productos alternativos para combatir las malas hierbas o las enfermedades o recuperar el contenido nutritivo de los suelos.

¿Y está el sector agrario español preparado para afrontar esos retos?

Las reticencias que pone el sector agrario español son justificadas porque no ve alternativas claras. Ahora, cuando hablamos del sector agroalimentario español estamos hablando de un sector muy diverso, con agricultores con un potencial productivo extraordinario que se pueden permitir el lujo de alcanzar esos objetivos porque tienen explotaciones muy tecnificadas. Si tienes tratamientos robotizados de fertilizantes y fitosanitarios evidentemente se puede alcanzar esos objetivos entre otras cosas porque les conviene en términos económicos. El problema está en las más pequeñas, donde el agricultor tiene más dificultades para cumplir el Pacto Verde Europeo y ahí es muy importante la labor que puede hacer la política, el asesoramiento, los plazos, etc. Ahí la PAC y su traslación al ámbito nacional tiene que velar para que esos plazos se cumplan de manera razonable.

El ministro pretende buscar el consenso con las Comunidades para el Plan Estratégico Nacional. ¿Lo ve posible?

Tanto el Ministerio como la Comunidades saben que el Plan Estratégico hay que presentarlo sí o sí. El Plan es muy amplio y diverso. Incorpora no sólo las medidas del primer pilar, concretamente los ecoesquemas, sino todo lo que era el antiguo programa de desarrollo rural del segundo pilar. Al ser tan heterogéneo hay mucho juego para la negociación política porque puedes ir adaptando las demandas y los intereses de las Comunidades, que pueden estar interesadas en determinados cultivos o determinadas medidas. Y eso tiene cabida. Soy muy optimista entre otras cosas porque saben que no hay opción y como en todos los acuerdos habrá cosas que se cambiarán desde la propuesta inicial y otras que la enriquecerán.

¿Están las Comunidades negociando con la “boina puesta”?

Es normal que las Comunidades piensen primero en los intereses de su agricultura, en sus propios sectores estratégicos más que en los de otras. Pero en un Plan Estratégico Nacional, que no es la suma de 17 planes regionales, le corresponde al Ministerio deslindar cuáles son los temas de las Comunidades y cuáles de interés nacional. Y ahí hay dos temas: uno es el del relevo generacional, porque sin jóvenes olvidémonos del futuro de la agricultura española y no será posible afrontar los grandes retos del sector, y el otro es la digitalización, y no me estoy refiriendo sólo a extensión de la banda ancha, sino que si se quiere que los agricultores den el salto a las nuevas tecnologías necesita la digitalización. Son dos asuntos horizontales porque están interesadas todas las Comunidades y tienen que tener un ámbito nacional.

En ese Plan se habla de aspectos como el ‘capping’ o la definición de agricultor genuino. ¿Qué límites, en su opinión, deberían establecerse?

Del Plan Estratégico veo menos relevante esos aspectos que llegar a un acuerdo sobre los grandes problemas que comentaba del relevo o la digitalización. En el capping va a llegarse a un acuerdo fácil porque la UE da bastante margen a los Estados miembros y puedes graduar las ayudas de los 60.000 hasta los 100.000 como máximo, pero además en ese último caso la incorporación del criterio de la generación de empleo va a liberar mucha tensión. Respecto a al agricultor genuino, los porcentajes se pueden manejar, son números, y eso forma parte de la negociación política. No veo problemas.

Pese a la oposición de comunidades como Andalucía o sectores como el vacuno, el Ministerio comenzará a aplicar la convergencia en el periodo transitorio, postura que usted defiende ¿por qué?

El tema de los derechos históricos es algo obsoleto. Ya han cumplido su misión, que era facilitar la transición a las ayudas desacopladas. No tiene sentido mantenerlos cuando siguen recogiendo la foto de hace 15 años y no reflejan la realidad de la agricultura española, que ha cambiado mucho su orientación productiva. Además, impiden el acceso de nuevos agricultores a unas ayudas que arrastran unas diferencias que llegan a ser inadmisibles y que permiten que un agricultor produciendo lo mismo esté cobrando 10 o 15 veces más que otro. Luego España ha perdido 15 años en el proceso de convergencia. Hay países que ya la han hecho, como Francia o Alemania, para que las diferencias entre agricultores con la misma orientación productiva no superen el 20%. Cañete y García Tejerina la retrasaron para no complicarse la vida y ahora resulta que hay que finalizarla en 2026. El Ministerio podía haberla retardado a 2023 que es cuando va a comenzar la nueva PAC, pero ha decidido adelantarla a 2021 para tener más tiempo. Me parece algo razonable para que sea más suave. Hay otro aspecto importante y es que el Ministerio tiene que ir a Europa a negociar el Plan Estratégico y tiene que llevar la legitimidad que te da el haber hecho los deberes en el tema de la convergencia. Un ministro como Planas, una persona educada en la cultura europea, sabe que las recomendaciones de la Comisión hay que cumplirlas. Y otra cuestión, que no está en el decreto de transición, es ver cómo reducimos las regiones agronómicas para el cálculo de las ayudas. Es un sinsentido que haya 50 cuando en el resto de Europa tienen dos o tres. Comprendo que la diversidad de la agricultura española justifica que no haya una tarifa plana, pero 50 me parece una barbaridad.

El Fondo Next Generation regará España de dinero. ¿tiene el sector agrario suficiente representación?

Hay que distinguir. Cuando hablamos del sector agrario estamos hablando de un sector que desde el punto de vista económico tiene un peso reducido, de un 4% del PIB como mucho, algo que es importante para valorar la capacidad que tiene para reivindicar fondos. Aun así ha sacado una partida importante porque, además, con carácter indirecto, va a beneficiarse de fondos que vienen a otros sectores como la industria alimentaria, o de los fondos de la extensión de la banda ancha en el sector rural. El cálculo no hay que hacerlo en términos cuantitativos, sino que son fondos que vienen a España y benefician a todos y ahí hay que ver si somos capaces de aprovecharlos, que tengo mis dudas.

Hace un año los agricultores se manifestaban pidiendo precios justos ¿Ha servido para algo la Ley de la Cadena Alimentaria?

Es pronto para valorarlo, teniendo en cuenta que se reformó hace unos meses. Lo que es evidente es que el Ministerio respondió de manera rápida a una demanda del sector agrario y en vez de marear la perdiz abordo la reforma de la Ley. El tiempo dirá si sirve para mucho o para poco. En todo caso, mi reflexión es que el problema de la rentabilidad de las explotaciones agrarias va más allá de que exista o no una Ley de la Cadena Alimentaria porque estamos en una economía en la que los precios los fijan los mercados y más allá de que un mecanismo regulatorio pueda intervenir con más o menos eficacia, al final depende de que el sector se organice. Es decir, se necesita un sector bien vertebrado en términos comerciales, con unas buenas cooperativas menos atomizadas, con mayor capacidad de integrarse con la industria a la hora de plantear el tema de los contratos agrarios, de crear interprofesiones. No pensemos que la Ley va a resolver el problema de la rentabilidad y los precios justos porque eso no va a ser así. El sector tiene que hacer muchas tareas aún pendientes y eso no le corresponde al Ministerio.

Defiende que la agricultura se encuentra ante un nuevo escenario en el que pasa a ser un asunto de toda la sociedad. ¿Cree que puede contribuir a acercar a los distintos eslabones de la cadena?

Hay dos cuestiones. Yo siempre digo que la agricultura es demasiado importante como para dejarla en manos de los agricultores porque tiene implicaciones ambientales, de la sanidad de los alimentos y está bien que se interesen no sólo el sector productor sino la distribución, los consumidores, etc. Eso te lleva a que los distintos agentes de la cadena deben estar interesados en que el resto de los eslabones funcionen. Siempre pongo el ejemplo de que la cadena es un puente apoyado en varios pilares. Si uno falla, se cae. La distribución por muy fuerte que esté tiene que ser consciente de que el pilar de la producción sea sólido. Cuando se habla del tema de la responsabilidad social corporativa, que suena muchas veces a música celestial, debe trasladarse a la práctica y tener un sector productor rentable con contratos agrarios que mejoren su rentabilidad. La RSC de los productores es producir alimentos de calidad, tener unas condiciones sociales laborales correctas, etc.

El relevo generacional sigue siendo la asignatura pendiente. ¿Cuáles son en su opinión las claves para facilitarlo?

Es un problema que no sólo afecta a España, sino a toda Europa. El que los jóvenes no quieran dedicarse a la agricultura hasta cierto punto forma parte de la realidad de los procesos culturales. El modelo de ocio, de consumo está basado en pautas de valores urbanos. El relevo generacional es un asunto de Estado, y por tanto trasciende al ámbito del Ministerio de Agricultura, que se limita a dar una ayuda a la incorporación, pero eso no es suficiente. De hecho, estas medidas han servido de muy poco. Por eso el proyecto debe tener una ambición de Estado porque van incluidas muchas cosas como el tema jurídico para facilitar el acceso de los jóvenes a una explotación en el marco sucesorio o promover que un agricultor que se jubila tenga incentivos para que deje la explotación. Hay medidas de carácter fiscal como incentivos. Y también tiene que haber un gran programa cultural, de marketing a través de la televisión y los medios para incidir en la importancia que supone tener una agricultura eficiente. Hay que eliminar la imagen de que el trabajo agrícola es penoso, duro, sometido a las inclemencias del tiempo porque ya está muy digitalizado. La suma de todas estas cosas puede ayudar a que los jóvenes vean en el campo una salida profesional como la ingeniería o el sector financiero.

Usted es un gran especialista en organizaciones agrarias. ¿Qué nota las pone?

Son perfectamente homologables a las europeas, algo que les ha costado mucho esfuerzo porque surgieron en un contexto muy desfavorable. Ahora están muy profesionalizadas, con una cultura de la interlocución social muy intensa, tanto a nivel nacional como regional, y una participación en las instituciones europeas muy positiva. Yo les pondría una buena nota. Ahora, la función de una organización agraria no es solo negociar con el Ministerio. Ahí tienen que jugar otras bazas como negociar con la industria los grandes contratos, con la gran distribución, etc. No se puede delegar todo para que lo resuelva papá Estado.