Es el momento de apostar por el mundo rural

Anticipándonos a la estrategia global para las zonas rurales que la Comisión Europea quiere desarrollar en un futuro muy próximo, desde el Comité Económico y Social Europeo (CESE) hemos impulsado un dictamen que ahonda en la necesidad de apoyar a aquellos territorios que actualmente se encuentran amenazados por el estancamiento, el despoblamiento o la desertificación. Territorios especialmente vulnerables frente al cambio climático o a los desastres naturales, industriales o epidemiológicos, como el que estamos viviendo.

Hablamos de regiones de Bulgaria, Hungría o Polonia, pero también de esa España rural donde tres de cada cuatro municipios han perdido población en la última década. Porque, aunque cueste entenderlo desde las grandes ciudades, casi la mitad de nuestro país está en riesgo demográfico, ya que se trata de zonas con una densidad de población inferior a los 12,5 hab/km2.

Además, la pérdida de población viene de la mano de un proceso de envejecimiento que se concentra especialmente en los pequeños municipios rurales. Solo a modo de ejemplo, en aquellos municipios españoles de menos de 5.000 habitantes viven un millón y medio de personas que ya han superado los 65 años.

No obstante, las zonas rurales de todos los países miembros concentran el 55% de la población, producen en torno al 45% del valor añadido bruto y generan el 50% del empleo. Razones de peso para que el CESE reconozca, a través de este dictamen, el potencial de innovación de los territorios rurales y la necesidad de reducir las diferencias de desarrollo.

En paralelo, las altas tasas de contagio del coronavirus en entornos urbanos aportan un argumento adicional en favor de una distribución poblacional más equilibrada y tras la explosión del teletrabajo -como consecuencia del confinamiento- se abren nuevas oportunidades para que actividades económicas con un alto valor añadido se relocalicen en zonas rurales y de montaña.

Un contrato territorial entre las ciudades y sus zonas de influencia es la mejor, si no la única manera de alcanzar un desarrollo económico armonioso y -aunque el impulso político inicial proceda de las autoridades regionales-, las decisiones deberían ser adoptadas siempre desde abajo, con la participación de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil organizada.

Así lo recoge el dictamen Un enfoque integrado para las zonas rurales de la UE, con especial hincapié en las regiones vulnerables, en el que también insistimos en que para invertir la tendencia demográfica actual será necesario ofrecer a los jóvenes rurales la posibilidad de desempeñar una actividad profesional remunerada dignamente y con perspectivas de futuro, así como proyectar una imagen atractiva e interesante de esos territorios.

Por tanto, será preciso actuar en cinco dimensiones: espacial, impulsando un desarrollo equilibrado que racionalice los flujos entre los polos rurales y urbanos de cada territorio; económica, favoreciendo la descentralización y la diversificación para promover el reequilibrio de las rentas; social, garantizando el acceso a servicios esenciales como educación, salud, transporte o cultura; ambiental, apostando por la agroecología y defendiendo la biodiversidad y -por último- la dimensión institucional, creando un ecosistema de acompañamiento que facilite los progresos en el resto de dimensiones.

Asimismo, proponemos una estrategia integral alineada con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco global y, en lo que respecta al marco europeo, con el Pacto Verde que incluye una serie de estrategias que serán la referencia de los próximos años, algunas de las cuales (De la granja a la mesa y Biodiversidad) tendrán un gran impacto en el mundo rural.

El dictamen reconoce también que las actividades agrarias y ganaderas contribuyen a fijar población, a luchar contra la erosión, a reducir los incendios y a evitar la desertificación. Por eso, es fundamental que la política agrícola común garantice el mantenimiento de la producción en las zonas vulnerables donde a menudo esta actividad es la que permite el desarrollo de otros sectores, fundamentales para la economía de estas regiones y de Europa en general, como son la industria agroalimentaria y el turismo.

Incluso aquellas zonas donde las infraestructuras de telecomunicaciones, transporte, energía, etc., sean fácilmente accesibles, pueden convertirse en una opción muy rentable a la hora de escoger la localización de nuevos proyectos empresariales. Unos incentivos fiscales de cuantía suficiente podrían ser el elemento desencadenante que haga inclinar la balanza.

En el caso de las mujeres, creemos que su contribución a la actividad económica agraria debe ser adecuadamente reconocida y valorada, mediante una estricta igualdad salarial y, en su caso, mediante el acceso a la cotitularidad de las explotaciones.

Una estrategia integral para estos territorios requiere de una mayor dotación presupuestaria. En este sentido, un Marco Estratégico Común facilitaría la acción concertada de los distintos Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, cuyas inversiones deberán adaptarse a las características de cada territorio para fomentar sinergias en áreas como la conservación de la biodiversidad, el manejo de la tierra -agricultura y silvicultura, principalmente- y el turismo.

Insistimos, además, en que las iniciativas deben tener un carácter voluntario porque las imposiciones y las complicaciones administrativas -incluso cuando son bien intencionadas-, acaban generando frustración y una mayor despoblación. El reto que tenemos ante nosotros exige de un trabajo coordinado entre todas las instituciones y la sociedad civil, y también de grandes dosis de valentía y perseverancia. Es el momento de apostar por el mundo rural, acompañando el emprendimiento al tiempo que preservamos nuestro patrimonio histórico, cultural y natural.