El campo andaluz se rebela por el reparto de los fondos de la PAC

Cuando aún no ha digerido el descenso de un 10% de los fondos de la PAC, que puede suponer una merma de 1.280 millones de euros en los próximos siete años, el campo andaluz se ha visto sobrecogido por los planes del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de acometer una brusca convergencia o equiparación del valor de los derechos que cobran los agricultores españoles y en la que ellos son los principales perjudicados.

El último modelo de la PAC, actualmente vigente, estableció un sistema de convergencia entre 2015 y 2019 para reducir las diferencias entre el valor de los derechos históricos que tienen los agricultores españoles.

Según datos del FEGA, en 2019 el valor medio de los derechos en Andalucía se situó en 228 euros, seguida de Galicia con 187 y Cataluña con 185 euros, mientras que en Aragón fue de 143 euros o en Extremadura, de 120 euros. Aunque la diferencia es notable, la media de lo que cobran las explotaciones aragonesas es de 6.405 euros -al disponer de más hectáreas por explotación-, frente a los 3.592 euros de la Comunidad andaluza, con fincas más pequeñas pero más productivas.

Esa convergencia ha llevado a que en 2019, ningún agricultor puede cobrar menos del 60% del valor medio del derecho en una región productiva. Por ejemplo, si esa media es 100 euros por hectárea, al final del periodo 2014-2020 todos deben cobrar como mínimo 60 euros y eso es sufragado por los que están por encima de la media. Para que los cambios no fueran demasiado abruptos, se estableció una limitación, de manera que la perdida de los cedentes no fuese superior al 30% del valor unitario en esos cinco años.

El modelo puesto en marcha por el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, fue apoyado por quien entonces era el consejero de Agricultura, Luis Planas.

Sin embargo, ahora, en su condición de ministro impulsa una nueva reforma de manera que el suelo pase a ser de un 70% en 2021 y un 80% en 2022, con la particularidad de que no se establece limitación alguna.

En medios agrarios de la región atribuyen el movimiento de Planas a un intento de diluir a la mala negociación del Gobierno en Bruselas de la Política Agraria Común ya que cuando en 2021 los agricultores reciban menos ayudas lo atribuirán a la convergencia y no al recorte de fondos en el que coinciden todas las organizaciones agrarias y las Comunidades del PP.

Los planes del ministro han puesto en pie de guerra al Gobierno y al sector agrario andaluz. Desde la Consejería de Agricultura las reacciones a la nueva convergencia no se hicieron esperar. Su titular, Carmen Crespo, advertía de que “no vamos a permitir un trasvase de fondos que perjudique a Andalucía”.

“Ni una sola merma en las ayudas”

El propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, también tomó cartas en el asunto y firmaba junto con las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias una declaración institucional que reclama una Política Agraria Europea fuerte, solidaria y cohesionadora, que no lesione los intereses del campo andaluz y que no atente contra sus intereses y modo de vida. "Andalucía se ve obligada a alzar la voz para reclamar que no podemos admitir ni un solo recorte, ni una sola merma más en las ayudas que reciben nuestros agricultores y ganaderos por parte de la Unión Europea", aseguraba el responsable autonómico.

Además de alinearse con el Ejecutivo autonómico, tanto las organizaciones agrarias como las cooperativas agroalimentarias han abierto su propio frente y han enviado una carta al ministro en la que piden la anulación del Real Decreto que regula el periodo transitorio hasta la entrada en vigor de la nueva Reforma de la PAC, previsiblemente en 2023.

El campo andaluz le dice al ministro que seguir aplicando la convergencia en los años 2021 y 2022 tiene carácter facultativo para los estados miembros, aun así, si finalmente se considera adecuado que dicha convergencia siga aplicándose en este periodo transitorio, siempre “se debería hacer en la misma proporcionalidad que, de forma anual, se ha hecho en el periodo 2015-2019”.

La aplicación de la propuesta que el MAPA presenta, sin que esté sustentada en un estudio de impacto previo que el sector conozca y pueda evaluar, “penalizaría injustamente” a muchos titulares al utilizar estas dos anualidades (2021 y 2022) no para mantener el carácter transitorio, sino para incorporar cambios que distorsionarían en gran medida los valores unitarios de los derechos de Pago Básico “lo que de alguna manera constituye una reforma previa a la nueva reforma de la PAC”. Esto cobra más importancia si cabe, si tenemos en cuenta que tal como recuerda el presidente de ASAJA-Sevilla y ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, “nos encontramos en un periodo transitorio, que precisamente debe evitar cambios traumáticos en la actual aplicación de la PAC, por lo que no cabe una reforma de la reforma”. Un aspecto que recoge además expresamente el propio preámbulo del citado Proyecto Normativo, lo que contradice la propuesta del articulado, añade en la carta.

Las organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas solicitan que, si el Ministerio de Agricultura decide continuar con la convergencia iniciada en 2015, debe mantener la misma “senda” y aplicar los limitadores que han permitido “una evolución suave de los pagos”. Es decir, la limitación de las pérdidas para aquellos titulares con importes superiores a la media regional debe garantizarse al mismo nivel que se ha hecho en todo el periodo 2015-2019. “De lo contrario, se estaría rompiendo la evolución paulatina y sin grandes disrupciones que ha caracterizado la implementación de la PAC, en general, y la aplicación de la convergencia en particular”.

Para las organizaciones agrarias y cooperativas, debería considerarse una limitación como máximo del 6% anual del valor unitario inicial de los pagos de los titulares cuyos importes sean superiores a la media regional para cada una de las dos anualidades, ya que hasta ahora la limitación de pérdidas estaba fijada en un máximo de un 30%, lo que, aplicaba en cinco etapas idénticas, desde 2015 a 2019, da ese porcentaje máximo anual.

Del mismo modo debe procederse en el caso de la limitación de pérdidas. El incremento de los derechos cuyo valor unitario inicial fuese inferior al 90% del valor medio regional en 2019 se fijaba en una tercera parte de la diferencia entre su valor unitario y el 90% del valor medio regional, de forma progresiva, explican. Por lo tanto, en esta convergencia que el MAPA propone para estas dos anualidades debería considerarse no una tercera parte, sino una quinceava parte, que es lo que se ha ido aplicando anualmente desde 2015 a 2019.

Finalmente, el sector agrario considera que los niveles propuestos en el borrador de Normativa (70% en 2021 y 80% en 2022) carecen de justificación, puesto que van mucho más allá de la convergencia que la Comisión Europea contempla para el año 2026 en su actual propuesta de Reforma de la PAC, que es un 75% del Valor Medio Regional.

Retirada

De esta manera, para dar coherencia a la transición entre los dos periodos de implementación de la PAC, el avance anual en la convergencia debería ser del 2,5% anual para alcanzar el valor inferior mínimo propuesto por la Comisión Europea para la anualidad 2026. Y para ello los niveles en 2021 y 2022 deberían ser del 62,5% y 65% del valor medio regional, respectivamente.