El campo andaluz paga los platos rotos de una mala negociación de la PAC
La reforma sobre el reparto de las ayudas directas de la PAC que prepara el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha caído como un jarro de agua fría en el campo andaluz. Por la vía de urgencia, Planas ha planteado un drástico cambio en el status quo del modelo actualmente vigente con un nuevo cálculo en el valor de los derechos, que se va a traducir en un abrupto recorte de las ayudas que han venido recibiendo los profesionales agrarios de esa autonomía.
La reforma planteada persigue continuar reduciendo las diferencias existentes en el valor medio de los derechos que cobran los agricultores -de 228 euros en Andalucía frente los 143 euros de Comunidades como Aragón-, un objetivo al que no se opone el campo andaluz, que pide, sin embargo, una transición razonable y medida ante el impacto que pueden tener los planes del ministro.
Planas pretende que en un plazo de dos años ningún agricultor cobre menos del 80% del valor medio de los derechos fijados en las 50 regiones productivas en las que se divide nuestro país, un esfuerzo notablemente mayor al que se ha hecho durante los últimos cinco años, en los que se ha llegado a un 60%.
Los planes del ministro no plantean ninguna limitación, como ocurría hasta ahora, en las reducciones que tendrán que asumir los agricultores que más cobran, lo que puede provocar, según algunas organizaciones agrarias, que las minusvaloraciones lleguen a un 80%.
La reforma que impulsa Planas no sólo choca frontalmente con lo que el mismo defendió cuando era consejero de Agricultura de Andalucía, sino que se produce en un periodo de transitoriedad hasta la aplicación del nuevo modelo en el que la Unión Europea no exige a los Estados Miembros acometer ninguna modificación. Por si fuera poco, el objetivo del Gobierno para 2022 desborda el que proponen las autoridades europeas en materia de convergencia, de un 75% para el año 2026.
Detrás de las prisas del ministro, cuyos planteamientos coinciden con lo demandado por comunidades socialistas como Aragón o Castilla-La Mancha, está el intento de diluir los efectos que la mala negociación del Gobierno hará, según todas las organizaciones agrarias, que nuestro país pierda un 10% de los fondos de la PAC para el próximo periodo presupuestario. Cuando en 2021, los agricultores andaluces reciban menos dinero no lo podrán achacar al recorte de los fondos que el Ejecutivo no ha sabido pelear en Bruselas, sino a la convergencia que “impone” Europa.