Cómo protegerse de un expediente por infracción de la cadena alimentaria
El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) recoge los controles oficiales que desarrollan las autoridades competentes en España para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente de aplicación a la cadena alimentaria.
Tras la publicación del informe 2019 del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, hemos analizado el programa relativo a calidad alimentaria que queda bajo el control del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el artículo tratamos los aspectos más relevantes.
En el marco del PNCOCA, en 2019 se han llevado a cabo controles en la línea de calidad alimentaria considerando lo establecido en la Ley 28/2015 para la defensa de la calidad alimentaria. En concreto, las actividades se han centrado en instalaciones de manipulación, clasificación, fábricas, plantas de envasado, almacenes de los mayoristas o de los distribuidores mayoristas, incluidos los denominados almacenes de logística pertenecientes a la moderna distribución, almacenes de los importadores de productos alimenticios, oficinas de intermediarios mercantiles con o sin almacén, entre otras.
Como resultado de las actividades planificadas, y las no previstas, se han efectuado controles que afectan a casi 6.000 empresas (5.971) de sectores tales como el de las bebidas alcohólicas, los derivados cárnicos, los aceites vegetales comestibles y la categoría de las conservas y platos preparados, en el caso de los productos transformados. Para actividades sin transformación, los controles se han focalizado en las frutas y hortalizas, otras carnes distintas de las del vacuno y las aves y los huevos.
Los controles sobre las empresas han dado lugar a 2.090 incumplimientos, consistentes en 955 controles con irregularidades y 1.135 controles con infracciones legislativas.
Como consecuencia de los 1.135 controles en los que se detectaron, las mencionadas infracciones han conllevado un total de 761 expedientes sancionadores. Más allá de estos datos numéricos es importante saber que el impacto económico directo de estos expedientes supera los tres millones de euros y el indirecto, de difícil cuantificación, será mucho más elevado para los operadores que han incurrido en ellas.
Además de la sanción económica las medidas que se han tomado han sido: la inmovilización cautelar de la mercancía; la restricción o prohibición de la comercialización, importación o exportación de los productos; el decomiso o la destrucción de mercancía -alimento-; la autorización del uso del alimento para fines distintos a aquellos a los que estaba destinado originalmente; la suspensión de las actividades o cerrar la empresa afectada durante un tiempo conveniente -total o parcialmente-; la suspensión o retirada de la autorización del establecimiento y sanciones penales.
Como decíamos, estas medidas tienen un impacto más elevado que las propias sanciones económicas que se imponen en los expedientes sancionadores. De ahí, la importancia de la prevención para evitar este tipo de situaciones en el quehacer diario de las industrias, es fundamental el conocimiento y el adecuado cumplimiento de la legislación alimentaria aplicable en cada caso. En la línea de prevenir y anticipar posibles problemas es importante que contemos con personal formado en el ámbito del derecho alimentario para complementar la formación científico-técnica de las personas que trabajan en sector.
Además de contar con formación en este ámbito, también es importante que conozcamos las posibilidades de colaboración con las propias autoridades competentes, ya que para mejorar el cumplimiento de la legislación agroalimentaria vigente están a nuestra disposición. Sirva de ejemplo que durante 2019, por parte de las Comunidades Autónomas y de la Subdirección General de Control y Laboratorios Alimentarios, se ha dado respuesta a más de 850 consultas sobre aspectos y sectores de muy diversa índole.
A modo de conclusión si finalmente se presenta un expediente administrativo, ¿qué podemos hacer?, nuestra recomendación es afrontar la situación con un equipo mixto en el que se integren capacidades científico-técnicas y jurídicas, de esta forma podremos argumentar de un modo consistente ante las autoridades competentes y minimizar el posible impacto del expediente. También es fundamental que la valoración jurídica de la situación se realice desde el primer momento en el que conocemos la existencia del expediente, ya sea mediante el personal de la empresa y o apoyándonos en especialistas externos. Es primordial que no demos únicamente una respuesta desde el punto de vista técnico, dado que podemos estar perdiendo opciones para rebatir los argumentos de la Administración con un enfoque más jurídico.