Yolanda Díaz criminaliza al campo con sus acusaciones de esclavitud
Solo desde una visión miope, caduca e inspirada en los dogmas chavistas de los que es fiel admiradora, puede entenderse la campaña de inspección promovida en el campo por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en busca de casos de “esclavitud”, “malos tratos” o campamentos “con alambradas”. La representante podemita en el Gobierno vuelve a poner en la diana de sus ideologizados prejuicios a los empresarios agrarios, a los que convierte en presuntos culpables desconociendo no solo la realidad del campo, sino dañando seriamente la imagen de nuestro país al presuponer que durante las cuatro décadas de Democracia se ha estado permitiendo la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
La campaña puesta en marcha por Díaz llega en un momento en el que el sector agrario sufre graves problemas de mano de obra para afrontar las campañas de recogida de cosechas, pilar del potencial exportador hortofrutícola de nuestro país. Pero lejos de poner en marcha soluciones a un asunto que es de su única competencia, la ministra desincentiva a los miles de españoles que se han interesado por trabajar en el campo para sortear el grave problema de desempleo provocado por la crisis del Covid-19, una demanda que las organizaciones agrarias tratan de canalizar desde hace semanas para garantizar las campañas de recolección.
Insinuar, como se hace desde el Ejecutivo central, una situación generalizada de abusos en el trato a los trabajadores temporeros es un verdadero desatino porque convierte la excepción en regla y dibuja una realidad distorsionada y retorcida del sector agrario, que ha tenido un ejemplar comportamiento durante la crisis sanitaria del coronavirus al garantizar el abastecimiento de alimentos.
Yolanda Díaz cuestiona con esta decisión la profesionalidad de los propios Inspectores de Trabajo, al emplazarles a realizar actuaciones que de oficio han venido realizando durante estos años. Además, daña de forma infundada y peligrosa la imagen internacional de nuestro sector agrario y, lo que es más grave, da alas a que se utilicen las posiciones de nuestro Gobierno para alentar campañas contra el consumo de productos españoles en el exterior.
La gravedad de las insinuaciones de Yolanda Díaz obliga al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a exigir una rectificación a su compañera de gabinete y a una clara defensa del sector. De otra manera, sus reiteradas manifestaciones sobre el comportamiento ejemplar del campo en esta crisis sonarán, como poco, a hueco.