Descrédito incomprensible
Los problemas por los que atraviesa el sector agrario no son menores, el cierre del denominado canal Horeca, es decir, de restaurantes, bares, hoteles, asadores, etc. ha determinado que dejen de venderse multitud de productos cuyo principal mercado era éste, dentro y fuera de España. Carnes, lácteos, aceites, quesos, vinos, licores, han visto cómo de un día para otro sus clientes, sus compradores, desaparecían y tenían que seguir alimentando a los animales, recogiendo la leche para evitar el cierre de explotaciones, haciendo quesos sin saber si algún día se venderán, o sacrificando animales y transformando el producto cárnico, sabiendo que no hay donde enviarlo y que su almacenamiento es poco menos que imposible.
El sector ha estado a la altura, ha dado una lección a todos, algunos lo sabemos, les hemos escuchado, hemos hecho nuestros sus problemas y recogido sus propuestas, pero quien debe tomar las decisiones, quien debe escuchar y resolver ha hecho oídos sordos. Buenas palabras, muchas vodeoconferencias, ni una sola solución.
El Gobierno de España no solo no ha arbitrado ayudas excepcionales para que puedan sobrevivir a la pandemia, como sí han hecho otros países de nuestro entorno. Sino que, en un afán de buscar culpables en lugar de soluciones, se ha puesto el foco precisamente en el sector agrario y se ha orquestado una escalada de descrédito sin precedentes que ha originado varias denuncias públicas por parte de los afectados, como no podía ser de otro modo.
El caso más llamativo es el de la mano de obra en el sector agrario. Hace unos días, la ministra de Empleo, no sabemos si por error o desconocimiento, anunciaba a bombo y platillo una lluvia de millones para contratar mano de obra en el campo como consecuencia del Covid-19. Pocos minutos después, las Organizaciones agrarias salieron a explicarle que el PER de toda la vida, ni es nuevo, ni tiene que ver con ninguna pandemia.
Casi por las mismas fechas, la cadena televisiva BBC difundía las palabras de Teresa Rodríguez, -líder en Andalucía de dos partidos en el gobierno, Podemos e Izquierda Unida-, instando a toda Europa a que dejaran de comprar productos españoles, concretamente de la huerta andaluza.
Ante algo tan increíble como inadmisible, las organizaciones agrarias han salido en defensa del sector, yo misma lo he denunciado en el Congreso de los Diputados, y varios medios de comunicación se han hecho eco del impacto reputacional que conllevan estas declaraciones y del riesgo que suponen para las exportaciones de nuestro país, que hoy es el octavo exportador de alimentos del mundo y lleva el reconocimiento a su calidad por bandera, y todo ello gracias precisamente al esfuerzo de quienes hoy son insultados públicamente.
Sin embargo, no hemos visto declaración alguna por parte de quien tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema alimentario y defender al sector. El Gobierno calla e incluso justifica estas declaraciones, lo hizo el pasado jueves aludiendo a que pudiera haber un 1% de explotaciones con contratos de mano de obra que no se ajustan a la normativa.
No parece muy razonable primero, que quien tiene la obligación de que esto no ocurra, en lugar de evitarlo justifique que se cuente en la BBC, tampoco parece muy normal que si se trata de un 1% como se nos dijo en sede parlamentaria, esta sea la imagen que se generalice y traslade internacionalmente de un sector que vive de la exportación, y mucho menos que se inste a no comprar productos españoles a los ciudadanos europeos aludiendo a las condiciones de salubridad en el trabajo, sabiendo que no es cierto y conociendo los problemas que están sufriendo como consecuencia de la pandemia, especialmente por falta de mano de obra para recoger la cosecha.
Si esto fuera poco, unos días después de estas noticias en la BBC, el Gobierno de España publicaba la norma que debiera asegurar la mano de obra en el sector agrario. Es sabido que en España la falta de Test está impidiendo que los temporeros, es decir, las cuadrillas de personas que se desplazan de una zona otra a recolectar frutas y hortalizas, puedan hacer su labor. Y ello, a pesar de la autorización europea para que puedan venir de otros países, y a pesar de los más de 4 millones de parados en España. Las soluciones que se han dado desde el Ministerio son simplemente absurdas, ya que parten de que se recolecte con personas del propio municipio a las que se permite complementar sueldo con los subsidios que pudieran tener. Solo un ejemplo, en Teruel hacen falta 20.000 personas para recoger el melocotón, por mucho que busquen y complementen, en la provincia con mayor despoblación de España, va a ser bastante complicado que las encuentren.
Si unimos las cuestiones anteriores: la falsa lluvia de millones nuevos para contratar mano de obra fundamentalmente en Andalucía, con la incapacidad del Gobierno para hacer test y garantizar que haya temporeros como ya hay en todos los países de nuestro entorno, y el descrédito internacional orquestado para denigrar a la agricultura española, quizá podamos sacar alguna conclusión y responder a una simple pregunta. ¿Quién será responsable si la cosecha se queda en el árbol por falta de mano de obra?
Si todos estos esfuerzos para crear e inventar culpables se orientaran a escuchar y buscar soluciones, podríamos esperar que en algún momento vuelva la normalidad, la de siempre. Pero en su lugar, nos están convenciendo de que será el coronavirus quien nos dirija hacia una “nueva normalidad” que alguien está diseñando con esmero para su propio interés y nos quiere vender a todos.