Aluvión de reclamaciones contra las empresas del cártel de la leche

Centenares de ganaderos han respondido a la llamada de los despachos de abogados especializados en demandas conjuntas por prácticas anticompetitivas para reclamar compensaciones económicas por los más de 13 años en los que los precios de la leche estuvieron bajo el control de un puñado de empresas. El movimiento ha atraído también a fondos de inversión internacionales que han puesto el foco en un negocio en el que están en juego indemnizaciones millonarias.

En julio del pasado año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con el pago de una multa de 80,6 millones de euros a ocho empresas lácteas por intercambiar información para coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos. El expediente, en realidad, se había resuelto en 2015 pero la Audiencia Nacional obligó a repetirlo por defectos de forma.

Las prácticas anticompetitivas se prolongaron entre los años 2000 y 2013 y consistían en intercambiar información sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. Estos intercambios tenían el objetivo común de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca. Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.

Las empresas multadas fueron Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, Lactalis, Puleva, Calidad Pascual, Nestlé, Schreiber Food España y Central Lechera Asturiana.

La sanción, al igual que ocurrió con el cártel de los camiones, abrió la puerta a la presentación de reclamaciones por parte de los ganaderos perjudicados, que durante los últimos meses -y con la salvedad del parón provocado por el coronavirus- han recibido las ofertas de los despachos de abogados especializados para reclamar compensaciones a las empresas multadas o acudir a los tribunales si fracasa un posible acuerdo extrajudicial.

En las principales comunidades productoras -Galicia, Castilla y León o Cataluña- centenares de ellos ya se han mostrado dispuestos a litigar y están recabando la información necesaria -fundamentalmente las entregas de leche durante esos años y el precio cobrado- para iniciar las acciones.

Formulario en el FEGA

De hecho, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) se vio obligado en el mes de marzo a establecer un formulario para que los ganaderos puedan solicitar la documentación oficial de las ventas que hicieron durante estos 13 años a la industria al ser este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura el que registra los intercambios comerciales en el sector lácteo.

Las reclamaciones en marcha se cuentan ya por centenares impulsadas por despachos de abogados como Redi, Eskarian o Martínez Almeida procedentes de las principales Comunidades productoras como Galicia, Cataluña y Castilla y León. En este sentido, hay que destacar que no solamente pueden presentar reclamaciones los ganaderos en activo, sino aquellos que cerraron o vendieron su explotación durante ese tiempo, o incluso sus herederos.

Este hecho es uno de los factores que juega doblemente en contra para la industria. Por un lado, porque se estima que durante esos años fueron 20.000 las explotaciones que se vieron obligadas a cerrar por los bajos precios de la leche y, porque a diferencia de los ganaderos que están en activo -que pueden entender que si reclaman pueden poner en marcha la viabilidad futura de las empresas a las que venden la leche-, los profesionales que han salido del sector no tienen nada que perder.

Uno de los aspectos más importantes es establecer las pérdidas que las prácticas anticompetitivas han supuesto para los ganaderos. Ahí los despachos jurídicos se han aliado con gabinetes de peritos para calcular los precios de referencia que se utilizan ya que varía mucho entre las distintas comunidades.

De cualquier manera, lo que parece más claro es que el baremo a utilizar sea, como mínimo, tres céntimos por litro teniendo en cuenta que la CNMC establece que la formación de un cártel genera, como mínimo, una distorsión a la baja de un 10%. Si finalmente se utiliza esa cifra, estaríamos hablando de que la indemnización media para un ganadero que hubiese entregado un 1 millón de kilos podría alcanzar los 300.000 euros, cantidad a la que habría que añadir los intereses legales. En la actualidad hay tres modalidades básicas para reclamar. La primera es la demanda a éxito sin financiación, por la que el ganadero hace una provisión de fondos para hacer frente a las costas judiciales si tuvieran que pagarse. El despacho sólo cobra una comisión si se gana.

La otra opción es una demanda a éxito con financiación. El fondo de inversión cobra un porcentaje, en este caso mayor, de la indemnización que se logre. Las costas procesales y las costas corren a su cargo y el ganadero recibe en el primer momento un adelanto fijo de lo reclamado. La última es la venta de los derechos de la demanda. El ganadero recibe un porcentaje del total reclamado, se gane o se pierda la demanda.