Sin regulación de cuencas hidrográficas no habría alimentación
Las temperaturas van subiendo al tiempo que avanza la desescalada de España. Será éste un verano atípico, de mucho sol y poca playa, en el que las restricciones de movilidad impuestas durante la lucha contra el coronavirus dejarán su impronta. El Gobierno ya ha anunciado una flexibilización de las mismas y un levantamiento de la cuarentena a los visitantes internacionales. Aunque el turismo, prácticamente en su totalidad, será de índole nacional. Los pueblos, a rebosar de habitantes de ciudad, protagonizarán buena parte de las postales estivales. Y cabe preguntarse, ¿cómo se alimentarán, teniendo en cuenta sus más que significativos aumentos de población?
Las idas y venidas de los españoles durante sus vacaciones de verano ponen en un brete a muchos municipios, sobre todo ubicados en determinadas cuencas hidrográficas. Hasta el punto de que si no fuera por las obras de regulación y estuviésemos a merced del agua que discurre por los cauces de manera natural, muchos de los ríos se secarían en verano, de manera que en los meses de julio y agosto no podrían alimentarse más de 4 millones de personas en España, un país en el que la población escala hasta los 47 millones de ciudadanos, sin contar a esos turistas que cada año recibimos por tierra, mar y aire.
Hagan ustedes la cuenta, pero de los datos se desprende que, de no ser por obras de regulación como presas, trasvases, balsas y embalses, entre otras medidas, habría más de 40 millones de personas amenazadas, sin contar a todos los turistas extranjeros que cada año nos visitan para el disfrute de sus vacaciones.
Pero las infraestructuras hídricas no sólo actúan como garantes de la alimentación, sino que resultan fundamentales para mitigar los efectos más adversos del cambio climático -inundaciones y sequías-. De hecho, tras la aprobación del anteproyecto de ley contra el cambio climático, que ahora debe avanzar en su tramitación parlamentaria, desde Fenacore propusimos aumentar la regulación hídrica en 16.000 hectómetros cúbicos, para lo que habría que poner en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas que siga la estela de los planes estatales de carreteras o de infraestructuras ferroviarias, pese a que las alarmantes perspectivas económicas dificultarán la necesaria inversión en este tipo de obras.
De igual modo, la regulación hídrica ayudaría a fijar la población en las zonas rurales, como demuestran los datos del INE de los que se desprende que 13 de las 15 provincias que más habitantes han perdido durante los diez últimos años son aquellas que menos superficie regada tienen; lo que cobra especial importancia después de que la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, planteara recientemente en el Congreso la necesidad de "poner en marcha cuanto antes un plan de inversiones y reformas" durante los próximos dos años en torno a seis pactos de reconstrucción, entre los que se encontraría uno por el campo y contra la despoblación.
En este sentido, desde Fenacore recientemente remitimos una carta al presidente del Gobierno para que en los próximos Presupuestos Generales del Estado destine 10.000 millones de euros al regadío para dinamizar la España rural y que estos agricultores contribuyan a la reconstrucción social y económica del país.
En concreto, solicitamos para el regadío la mitad de la partida anunciada para Desarrollo Rural, reivindicando el papel de la agricultura y de la industria agroalimentaria, que representan más del 15% del PIB y dan empleo a más de un 4% de la población activa, sin contar los ocupados en el sector agroindustrial y de servicios agrarios. De hecho, el valor anual de la producción en las zonas regables supera los 25.000 millones de euros.
Sea como fuere, el Gobierno y el resto de los grupos políticos deberían esforzarse por acercar posturas y alcanzar un Pacto de Estado para llevar adelante sin trabas todas las actuaciones que ya están contempladas en los diferentes planes de cuenca vigentes y en los que se incluyen las obras de regulación y las actuaciones de modernización de regadíos correspondientes.
Por suerte, España es un país que tiene una aceptable regulación hídrica, contando con 54.000 Hectómetros cúbicos. No obstante, el potencial de regulación podría llegar a los 70.000, lo que ayudaría sensiblemente a que pudiéramos mitigar los efectos negativos del cambio climático. Y es que los embalses y trasvases, además de aliados del medio ambiente, representan una de las medidas más eficaces para aumentar las garantías de agua de los usuarios actuales y potenciales, a sabiendas de que la distribución de los recursos hídricos en nuestro país es tan irregular.
En este escenario, las Comunidades de Regantes tendrían que participar en los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EPTI) para intervenir en las decisiones que determinarán la gestión del agua durante los próximos seis años. El periodo de consulta pública de estos documentos se prolongará hasta que se mantenga el estado de alarma. Y las Comunidades de Regantes deberían enviar sus alegaciones y velar, así, por sus derechos e intereses desde el comienzo del proceso de planificación hidrológica.
España podría recibir del nuevo fondo europeo, dotado con 750.000 millones, un montante nada desdeñable de 140.000 millones. Ahora bien, el Gobierno tendrá que presentar un plan de recuperación que detalle las partidas en las que gastará el dinero, en línea con las recomendaciones económicas procedentes de Bruselas, entre las que destaca la transición ecológica. Y en este sentido, gracias a las infraestructuras hídricas es posible evitar el riesgo de inundaciones en aquellos territorios donde las lluvias sean frecuentes e incluso torrenciales, y de sequías en aquellas zonas en las que no caigan suficientes gotas de agua. Dos de las consecuencias del cambio climático que más se agravarán. Por ello, quizás fuese necesario hacer una pregunta a nuestros representantes parlamentarios que hoy nos gobiernan para saber a quiénes realmente les preocupa el bien común. Y es que de las obras de regulación, a la postre, depende el poder disponer de agua garantizada y por supuesto, la alimentación de España.