La PAC pierde 173.000 perceptores: ¿fin a los ‘agricultores de sofá’?

Hora de hacer balance. La PAC que entró en vigor en 2015 introdujo la figura del “agricultor activo” a la hora de recibir las ayudas directas. En aquel momento, la iniciativa se vendió como la principal estrategia para acabar con lo que popularmente se conoce como “agricultores de sofá”, personas que reciben subvenciones por ser propietarios de tierras, pero que en realidad no se dedican a la actividad.

Cinco años después de aquella reforma, los datos reflejan que el número de perceptores de la PAC ha disminuido de forma notable. Según el Fondo Español de Garantía Agraria, el número de beneficiarios de derechos de pago básico ha pasado de 818.479 en 2015 a 645.315 en 2019.

En cinco años la “criba” ha afectado a 173.164 beneficiarios, un 21% de los que había en 2015. Si el cálculo se realiza desde 2013, año en el que ya se conocían los planes de la UE y comenzaron las cesiones de derechos, la lista ha adelgazado en 48.000 personas más.

El filtro de “agricultor activo” suponía que solo podían acceder a las ayudas aquellos que el 20% de sus ingresos agrarios proviniesen de venta de productos agrícolas. ¿Pero ha servido para expulsar a los ‘agricultores de sofá’?

Las restricciones planteadas entonces han afectado fundamentalmente a los pequeños perceptores, señala Ignacio López, responsable de Relaciones Internacionales de Asaja. “Es un proceso que lleva varios años. Primero porque dejaron de ser beneficiarios los que cobraban menos de 100 euros (2015), luego los de menos de 200 (2016) y luego los de 300 euros (2017)”.

Además, ha influido también la aplicación más rigurosa en materia de consideración de agricultor activo “y ha ido quitando gente que no debería estar porque se ha ido clarificando la propia actividad agraria, pese a que se admitía el mantenimiento a partir de la reforma Omnibus”, pero al final “ha habido un dimensionamiento de las explotaciones”.

En su opinión, “hay que valorar que mucho de lo que se pretendía, que era legitimar los pagos para el que tuviese actividad agraria, ha tenido un cierto efecto. Se puede ir más allá, pero corremos el peligro de dejar gente fuera que no debería estar fuera. Nosotros defendemos que esto es muy complejo y si tienes dimensión para contratar personal o recursos también eres agricultor independientemente de que estés o no encima del tractor porque asumes el riesgo empresarial”.

Ignacio López también se muestra contrario a expulsar a los perceptores de 1.200 euros. “La agricultura en España es muy diversa. No es lo mismo en zonas en los que la mayoría de los agricultores son a título principal, que en otras zonas donde tienen explotaciones pequeñas que producen cítricos que venden a la cooperativa. O un productor de porcino que tiene una pequeña agricultura. Hay que tener en cuenta a todos”.

No ha sido un filtro eficaz

Desde Unión de Uniones, achacan también la bajada a la salida de los perceptores de 300 euros. “La configuración de agricultor activo no ha supuesto un filtro eficaz para expulsar del sistema a los agricultores que no lo eran. La regla del 80-20 permitía que si no se cumplía te valía con haberlo hecho en cualquiera de los tres anteriores y si eso no bastaba, valía que asumieras el riesgo empresarial de la explotación, que con el seguro agrario o una factura de una empresa de servicios te valía. En España hay 74 ayuntamientos que cumplen la condición y cobran de la PAC”, asegura Rafael Juárez.

El problema es que entonces el Ministerio “sólo se fijó en los ingresos agrarios, no en los totales. Por ejemplo, un médico de Jaén que por sus honorarios profesionales gane 40.000 euros, con unas hectáreas de olivar podía cobrar ayudas directas. ¿Eso son agricultores de sofá? No lo sé. Lo que nosotros tenemos claro es que el esfuerzo público debe estar centrado en aquellos a los que más se les exige, en los que más se juegan porque están vinculados económica, profesional y territorialmente al campo, que es, además, en quienes más se puede confiar porque al depender de la actividad agraria son los que más esfuerzos van a hacer por invertir, por modernizar, por una agricultura sostenible, para que el agua no se agote, los suelos estén sanos, etc.”

La postura de Unión de Uniones sobre el “agricultor genuino” es que las ayudas deben ir a los agricultores profesionales, es decir a aquellos que tengan en el campo más de un 25% de sus rentas totales. Según los datos de la Agencia Tributaria, sólo uno de cada cuatro perceptores lo cumple y si te fijas este grupo está generando el 80% de los rendimientos fiscales agrarios”, añade Juárez.

No obstante, sacan de esa exigencia a los considerados como pequeños agricultores, aquello que reciben menos de 1.200 euros de la PAC. “Tendría un efecto muy limitado y estaríamos extrayendo a una serie de colectivos de carácter social para los que supondría un efecto traumático a nivel individual el retirarles las ayudas”.

Para José Luis Miguel, de COAG, la figura del “agricultor activo ha sido positiva” para avanzar hacia un modelo de agricultura en el que se prima a los que de verdad trabajan, “aunque sus efectos han sido muy limitados”.

En su opinión, hay que “avanzar” en esta nueva etapa con la figura del “agricultor genuino”. Precisamente COAG está ahora consultando con sus asociados para fijar una posición sobre los requisitos que van a plantear. “Irá en la línea de exigir unos ingresos agrarios mínimos en relación a la renta total, y además, que no provengan sólo de las ayudas sino de la actividad comercial, pero sin excluir a los que trabajan a tiempo parcial”.

Sobre los beneficiarios englobados como pequeños agricultores -menos de 1.250 euros-, “lo primero, habría que ver si son de verdad agricultores porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa”, concluye.