Arrimar el hombro no es un cheque en blanco
Una expresión frecuentemente utilizada es el aprovechamiento de las crisis como una oportunidad a medio y largo plazo para llevar a cabo las reformas necesarias en los sectores y estructuras productivas de nuestro país. Aunque esto no deja de ser un lugar común, cobra especial relevancia en nuestro sector, ya que la gestión de la pandemia ha visibilizado qué es lo que funciona bien y qué es lo que funciona mal en el sistema agroalimentario español y, por tanto, qué se debe reforzar y qué se debe cambiar.
Ha tenido que venir el coronavirus y el consiguiente Decreto de Estado de Alarma para recordarnos qué actividades son la columna vertebral de nuestro país, es decir, aquellas cosas que hacen que una sociedad funcione día a día, que pocas veces son protagonistas y que cuando lo son, muchas veces es para recibir críticas. Bajo esta clasificación es donde encontramos a las utilities -electricidad, gas, teléfono, agua, etc.-, al sistema sanitario, el sector financiero, las redes e infraestructuras y, muy especialmente, el sector agroalimentario.
A lo largo de las últimas semanas de confinamiento de la mayor parte de la población, la agroindustria se ha comportado de forma ejemplar -desde los agricultores a los distribuidores, pasando por los mayoristas, transformadores y transportes- mostrando colaboración en todo momento con las autoridades competentes a fin de garantizar el suministro alimentario en cada rincón de España y haciendo un esfuerzo titánico para no romper la cadena global de suministros y valor. Ponerse al servicio del interés general del país y arrimar el hombro cuando se necesita, está en nuestro ADN. Nunca antes -con una aportación menor al PIB que el turismo, la construcción o el automóvil (5,8% del PIB y 11,4% del total del mercado agroalimentario europeo según IVIE)- hemos contribuido más al sostenimiento de la actividad económica, el empleo y el consumo básico de las familias españolas.
Pero cuidado: esta actitud no significa entregar un cheque en blanco para siempre a los gobernantes regionales, nacionales y comunitarios, que perpetúe el mal funcionamiento institucional de algunas partes relevantes del mercado, entendido esto como las disfunciones en la formación de precios, reglas, regulación, incentivos para invertir y una generación de rentas sostenidas en el tiempo que permitan a los agricultores-productores vivir de su negocio y no tener que estar a expensas de que llegue más o menos dinero ajeno al sector.
En primer lugar, la primera de las reformas tiene que pasar por nosotros mismos, es decir, las organizaciones representativas del sector que somos los que tenemos la interlocución diaria con los políticos y reguladores. En este sentido, debemos hacer una profunda autocrítica, reflexionando sobre lo que hemos hecho mal a lo largo de los años y cuál es nuestro grado de responsabilidad cuando nos consideran un sector subvencionado a extramuros del PIB, para el cual es necesario mantener unas reglas especiales que no se aplican a otros sectores, distorsionando la competencia interna y externa cada día más compleja por la llegada de productos primarios de otros países.
En segundo lugar, la crisis ha barrido por completo las prioridades presupuestarias en Europa, en un momento extraordinariamente delicado de tensiones entre los países miembros y sin tener preparado el Marco Financiero Plurianual que debía arrancar en 2021 para los siguientes seis años. Sabemos que lo más fácil es presionar en Bruselas para que haya un incremento de los pagos directos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), y que incluso esto merecerá el aplauso de buena parte del sector, pensando que es la mejor manera de defender los intereses de la agricultura.
Sin embargo, si nuestros trabajos se concentran en esta misma estrategia de siempre, habremos desaprovechado una ocasión histórica como la actual de colocarnos al menos a la misma altura que otros sectores tractores de la economía europea y, por tanto, dejando de ser considerados como un sector extractivo de rentas que, a cambio, no le queda más remedio que asumir sin espacio a la crítica la mayor carga relativa -en relación a su Valor Añadido Bruto- de los costes de cumplimiento de unos objetivos de cambio climático que además quieren reforzarse en los próximos meses.
En tercer y último lugar, en línea con lo anterior, no aceptamos a largo plazo un sector cooptado a cambio de transferencias de fondos europeos que perpetúen la dependencia con respecto a fondos de ningún tipo que no salgan del valor añadido que generamos. Evidentemente esto no es un desiderátum carente de realidad, porque si realizamos un análisis minucioso, veremos hasta qué punto somos capaces de generar una actividad productiva, competitiva y generadora de innovación. Así, si separamos el sector en sus diferentes partes, observamos que en aquellas donde hay un mejor funcionamiento institucional -señales de precios que casan oferta y demanda, claridad en los contratos, incrementos de productividad e inversiones- España sobresale de una forma extraordinaria con respecto a sus socios europeos. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura (2018), sólo la industria de alimentación y bebidas supone casi el 25% del producto industrial, ocupa la quinta posición a nivel europeo -en línea con el peso económico de España en el PIB comunitario- y se distribuye en más de 31.000 empresas a lo largo del territorio nacional.
En suma, las crisis colocan a cada cual en su sitio, desechan las prioridades que en el fondo no eran tales y coloca en el centro del debate las carencias de un mercado necesitado de profundas reformas tal como se manifestó en las semanas anteriores a esta crisis con la discusión de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Lo que semanas antes había sido una fuente de fuerte polémica con acusaciones por doquier concentradas en la distribución minorista, ahora es un bien de carácter estratégico. Dejando a un lado problemas no pequeños de funcionamiento y eficiencia -que, por cierto, no resuelve el decreto recién convalidado de reforma de la Ley de la Cadena-, España tiene una de las mejores cadenas de valor agroalimentarias de Europa.